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diumenge, 17 de març de 2019

CONSIDERAN ACCIDENTE LABORAL EL ESTRES POR UN INCOMODO AMBIENTE DE TRABAJO

La resolución judicial aclara que el afectado comenzó a prestar sus servicios de forma temporal a tiempo parcial en la compañía, dedicada a la construcción, el 18 de junio de 2014, aunque un año después firmó un contrato fijo de siete horas al día. 

Un juzgado de lo social de Bilbao ha considerado accidente de trabajo el "estrés laboral" causado a un empleado por un "incómodo ambiente" en el trabajo, que le llevó a pedir una baja por incapacidad temporal debido a su "estado de ansiedad".

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, explica que este mal ambiente en el trabajo fue consecuencia "de la conflictividad laboral originada por las reclamaciones salariales y de categoría" del empleado no "aceptadas de entrada por la empresa", que además realizó "unos cambios" en su "estructura organizativa" que provocaron en el afectado "un estado de ansiedad".

La resolución judicial aclara que el afectado, representado por el despacho de abogados Lawyou, comenzó a prestar sus servicios de forma temporal a tiempo parcial en la compañía, dedicada a la construcción, el 18 de junio de 2014, aunque un año después firmó un contrato fijo de siete horas al día.

El trabajador desempeñaba sus tareas en el departamento financiero de la empresa como auxiliar administrativo de segunda, hasta que la relación laboral se extinguió el 24 de abril de 2017 de manera improcedente por la compañía que indemnizó convenientemente al afectado.

Previamente, el 2 de febrero de 2017, el operario había solicitado una baja por "ansiedad" de la que fue dado de alta el 20 de marzo de ese mismo año.

La sentencia del juzgado de lo social considera ahora que este período de incapacidad temporal fue consecuencia de un accidente laboral fruto de "un conflicto" con la empresa que tuvo lugar en los últimos meses de su contrato, a raíz de una "reclamación de incremento salarial y de categoría" por parte del empleado, según reconocieron en su momento tanto la compañía como varios compañeros.

Esta situación generó una "pérdida de confianza" en el demandante por parte del administrador, quien le revocó las claves que había utilizado para acceder a las cuentas bancarias de la firma con el fin de "desarrollar sus tareas de control y gestión de los pagos y cobros".

Paralelamente, se incorporó a la compañía un nuevo jefe del departamento financiero -tras el fallecimiento del anterior-, lo que conllevó "cambios organizativos" en este área que, "en última instancia", también tuvieron "repercusión" en la labor del denunciante.
En este contexto de "conflictividad", el administrador de la empresa tuvo una discusión con el perjudicado que fue grabada por éste con su teléfono móvil y que sirvió de prueba para una denuncia por amenazas en un juzgado de Bilbao, saldada con la condena del citado responsable de la empresa.

La sentencia del caso considera ahora que esta situación no responde a una situación de "acoso en el trabajo", sino "más bien a otra figura que viene emergiendo en la actualidad" como son "los riesgos psicosociales".

"Esto es: el denominado estrés laboral, causado por un incómodo ambiente laboral, como consecuencia de la conflictividad laboral originada por las reclamaciones salariales y de categoría" del trabajador "no aceptada de entrada por la empresa y acompañadas de cambios en la estructura organizativa de la empleadora que provocaron en el demandante un estado de ansiedad que dio lugar al proceso de incapacidad temporal", describe la sentencia.

"Ninguna duda cabe", añade el texto, que esta baja obedece a una situación de "conflictividad laboral" lo que "evidencia que fue ese ambiente en la empresa, en los duros términos en que se produjo, el único detonante de la enfermedad que provocó en el empleado el cuadro de ansiedad", por lo que su demanda "debe ser estimada".
De esta manera, el juzgado declara que la incapacidad temporal a la que se acogió el trabajador fue debida a un "accidente de trabajo", y condena a la mutua de la empresa a "hacerse responsable" de tal situación y del resto de sus "consecuencias", así como a la compañía afectada y al INSS a acatar "esta declaración".

 http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/01/24/5c4a02dce2704e30878b4597.html

dimecres, 27 de febrer de 2019

¿HASTA CUANDO HAY QUE ABONAR LA PENSION DE ALIMENTOS DE LOS HIJOS?

Es de todos conocido que hoy en día los hijos dependen económicamente de los padres hasta edades más bien tardías, ya sea por falta de trabajo o porque siguen formándose. No obstante, también han aumentado los casos de hijos que ni estudian ni trabajan, alargando de manera costosa esa dependencia de sus progenitores. El problema se agrava cuando la relación entre ambos está condicionada por una pensión de alimentos, tras una separación o divorcio.
Según señala El Tribunal Supremo en una reciente sentencia (21/09/2016) “La ley no establece ningún límite de edad y, de ahí, que el casuismo a la hora de ofrecer respuestas sea amplio en nuestros tribunales, en atención a las circunstancias del caso y a las socioeconómicas del momento temporal en que se postulan los alimentos…”.

Algunas consideraciones de los tribunales: edad, profesión, formación

La edad que tienen en cuenta los tribunales como límite para mantener la pensión alimenticia es habitualmente la de 25 años, aunque hay que prestar atención a cada caso concreto y a la valoración que pueda realizar el Juez de turno respecto a las razones por las que el alimentista todavía no ha alcanzado la independencia económica.
La profesión es otra de las condiciones que señala el Código Civil señala (Art. 152) para el cese de la obligación de dar alimentos: cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria. Sin embargo, los tribunales no aplican este criterio de forma rigurosa dado el elevado desempleo juvenil; el Tribunal Supremo puntualiza que la obligación se extiende hasta que los hijos alcancen capacidad económica para mantenerse, siempre que la necesidad de ayuda no haya sido creada por la conducta del propio hijo por no poner los medios suficientes para poder generar ingresos propios.
La formación es otra de las condiciones que dispone el Alto Tribunal para que se mantenga la contribución de alimentos: mientras dure formación del hijo y su prolongación no pueda imputarse a desidia o falta de aprovechamiento.
La formación suele incluir la preparación de oposiciones, situación que justifica el mantenimiento de la pensión alimenticia (TS 8-11-12 y TS 12-7-15). Por ejemplo, en el caso concreto de una hija que opositaba a maestra, el Tribunal Supremo (25/10/16) estableció que el padre continuara pagando la pensión durante los tres años siguientes, con la convicción de obtendría plaza en ese tiempo. El TS entendió que existía un aprovechamiento del tiempo por parte de la hija.

La situación de búsqueda de empleo y la actitud de pasividad

Si el hijo no está preparando oposiciones, el juzgado analizará las circunstancias por las que, a cierta edad, todavía no ha encontrado un empleo. Resulta esencial la actitud personal por encontrar un empleo, ya que los juzgados no quieren favorecer actitudes de pasividad, en la cual se incurre cuando el descendiente no hace lo suficiente para poder insertarse en el mercado laboral o cuando no mantiene una actitud activa en la búsqueda de empleo, que pueda acreditar en un procedimiento judicial. Como afirma la Audiencia Provincial de Albacete (09/03/2016) “…también es cierto que son mayores las posibilidades de acceder a un empleo si se es menos selectivo sobre sus características, y la Sala no alberga dudas sobre el hecho de que el beneficiario de los alimentos podría haber encontrado algún tipo de ocupación si su objetivo hubiera sido el de conseguir, simplemente, una remuneración equivalente al importe de la pensión, ya que el mismo no está aquejado de ninguna enfermedad y es una persona joven que en principio puede desarrollar cualquier trabajo…”.

La práctica de los tribunales ante los planes de formación de los hijos

Existen situaciones que suelen ser consideradas por los tribunales – a pesar del casuismo ya mencionado- en el sentido de eliminar la pensión de alimentos:
  • Falta de aprovechamiento. Varios años matriculado en una carrera universitaria con calificaciones mediocres puede causar la extinción de la pensión.
  • Cambio del tipo de estudios, sin relación unos con otros; en particular cuando el hijo llega a cierta edad -en torno a los 24 años-. Como ejemplo, un tribunal extinguió la pensión a una hija que comenzó un primer ciclo de educación infantil, que no complementó con estudios superiores porque cambió a cursos de monitora de actividades de ocio, pastelería y estética.

Conclusión

Los tribunales no pueden privar de la ayuda económica de los padres a los jóvenes activos en la búsqueda de su independencia económica. Pero los tribunales tampoco quieren beneficiar a quienes no puedan demostrar su empeño en superar la dependencia económica, máxime cuando, según un estudio reciente de la OCDE, España es el cuarto país del mundo que cuenta con más “ninis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan).
La pasividad de estos ninis puede deberse a que, en algunos casos, conocen la obligación de sus padres de seguir manteniéndoles, hasta que un juez no diga lo contrario.
Recomendamos al progenitor obligado al pago de la pensión alimenticia que, si tiene sospechas fundadas de que su hijo no está haciendo lo suficiente para generar sus propios ingresos, se ponga en contacto con un especialista de derecho de familia. Le asesorará sobre qué hacer y le informará acerca de las posibilidades que tiene de extinguir esa pensión alimenticia en un procedimiento judicial.

 http://informativojuridico.com/hijos-mayores-edad-cuando-abono-la-pension-alimentos/

diumenge, 20 de gener de 2019

LA AUDIENCIA DE BARCELONA AFIRMA QUE LOS MANTEROS NO PERJUDICAN A LAS MANTAS

La Audiencia de Barcelona ha condenado con multas de hasta 240 euros a cinco manteros, a los que no envía a prisión al concluir que los vendedores ambulantes buscan su "supervivencia" sin dañar a las marcas de lujo porque no tienen "nada que ver" el producto, el comprador, ni el lugar de venta

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Así lo sostiene la sección sexta de la Audiencia de Barcelona en una sentencia en la que impone multas de entre 120 y 240 euros a cinco de los siete acusados, por un delito contra la propiedad intelectual, en la modalidad de venta ambulante, frente a la petición de hasta cinco años que plantearon la Fiscalía y la acusación particular ejercida por marcas como Nike o Luis Vuitton.
En su resolución, la Audiencia descarta que los cinco condenados, entre ellos el portavoz del Sindicato de Manteros, integraran una red criminal dedicada a la venta al por mayor de productos falsificados, como sostenían los Mossos d'Esquadra, ni que causaran un perjuicio económico a las grandes marcas, como denunciaba la acusación particular.
Para el tribunal, apunta Efe, los manteros, que vivían juntos en un piso de la calle Calabria de Barcelona, llevaban a cabo una actividad individual destinada "a la supervivencia", que les reportaba un "reducido" beneficio económico y que no "afectaba" a las cuentas de las grandes marcas.
Los acusados acumulaban en su piso de Barcelona centenares de productos destinados al top manta, que les servían para unos diez días, con los que obtenían de media de beneficio la "escasa cuantía" de entre 1 y 1,5 euros por cada par de gafas vendido, entre 3 y 3,5 euros por camiseta vendida y unos 5 euros por bolso.
La Audiencia sostiene en su sentencia que las grandes marcas "no se ven afectadas" por la venta ambulante, en el sentido de que el público que accede a sus productos originales en el mercado de lujo "nada tiene que ver con quienes se acercan a comprar a las mantas en el metro o en las calles de la ciudad, que en ningún caso son, ni remotamente, potencial clientela para las dichas marcas".
Para la sala, no se puede condenar a los acusados por el tramo más grave del delito contra la propiedad industrial -que comporta penas de cárcel- porque no existe "riesgo" de confusión en el público sobre los productos que venden, ya que se trata de una imitación "burda", con un precio "sensiblemente" inferior, que se vende de forma clandestina, sin facturas y sin distintivos del proveedor.
"En el caso que tratamos no se discute que los productos sean falsos, son réplicas de marcas conocidas", resalta el tribunal, que pone de relieve que ninguna de las acusaciones particulares aportó en el procedimiento "la mínima prueba" contable que demuestre que la actividad de los 'manteros' tiene incidencia en los balances y resultados de las grandes marcas.
A la hora de descartar que los acusados integraran una red dedicada a la venta al "por mayor" de productos falsificados, lo que habría agravado su condena, la Audiencia constata que los Mossos no han aportado ninguna prueba de que se les viera descargando material de camiones o furgonetas ni que se repartan papeles en una economía común o tengan una mínima dirección por parte de alguno de ellos sobre los demás.
Por el contrario, argumenta que actuaban individualmente, que son personas extranjeras con cierto arraigo y que el representante del Sindicato de Manteros trabaja y está en contacto con las autoridades del Ayuntamiento de Barcelona para poder "normalizar" su actividad y crear una "marca propia".

 http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/01/16/5c3f65ec22601dfc698b4610.html?intcmp=NOT003&s_kw=el_supremo_reconoce_el_derecho_al_olvido_en_google_por_noticias_inexactas

diumenge, 2 de desembre de 2018

EL TRIBUNAL SUPREMO DETERMINA QUE UN TOCAMIENTO NO CONSENTIDO ES ABUSO SEXUAL

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los tocamientos de carácter sexual con el fin de evitar que éstos se puedan considerar delitos leves de coacciones o vejaciones injustas, siempre que se acredite la naturaleza sexual de la acción y el ánimo tendencial consistente en la concurrencia de un ánimo libidinoso o de satisfacción del apetito sexual.


De conformidad con reiterada Jurisprudencia del TS  -STS 1097/2007 de 18 de diciembre, STS 345/2018, de 11 de julio, con cita de otras - el tipo penal del abuso sexual se configura en nuestro ordenamiento en base a los siguientes requisitos:
A) Un elemento objetivo de contacto corporal, tocamiento impúdico, o cualquier otra exteriorización o materialización con significación sexual, cuya variedad es múltiple, simre que no represente un "acceso carnal".
B) Este elemento objetivo, de contacto corporal, puede ser ejecutado directamente por el sujeto activo sobre el cuerpo del sujeto pasivo o puede ser ordenado por el primero para que el sujeto pasivo lo realice sobre su propio cuerpo siempre que el mismo sea impuesto.
C) Un elemento subjetivo o tendencial que se expresa en el clásico "ánimo libidinoso"   o propósito de obtener una satisfacción sexual.    
A raíz de la STS 396/2018 el Supremo determina que cualquier acción que implique un contacto corporal inconsentido con significación sexual, en la que concurra el ánimo tendencial ya aludido, implica un ataque a la libertad sexual de la persona que lo sufre y, como tal, ha de ser constitutivo de un delito de abuso sexual previsto y penado en el artículo 181 CP.
Los hechos declarados probados en la resolución recurrida son los siguientes: El acusado está en un bar en el que también está la denunciante. Esta última fue al baño en un momento dado, siendo seguida por el acusado. Una vez allí, el acusado insistía en abrirle la puerta y acceder al interior con ella, a lo que se negó ella. Al intentar coger la llave del servicio de señoras, la rozó momentáneamente en la zona del pecho y de la cintura.
El Juez penal absuelve por considerar que era un tocamiento momentáneo en el que no apreciaba un carácter libidinoso de cierta entidad y permanencia, y que podría constituir una vejación injusta ya despenalizada. La Audiencia Provincial confirma la absolución.
El TS confirma la sentencia al tratarse de sentencia absolutoria destacando que de conformidad con una jurisprudencia reiterada de esta Sala -de conformidad con la jurisprudencia del TEDH y del TC- la posibilidad de reemplazar una sentencia absolutoria por otra de condena queda limitada exclusivamente a los supuestos en los que el hecho probado declarado en la instancia permanezca incólume y el debate se ciña exclusivamente al juicio de subsunción. Pues bien en el caso de autos, los hechos probados se limitan a declarar que el acusado, al intentar coger las llaves, rozó momentáneamente a la recurrente en la zona del pecho y de la cintura; lo que el Supremo considera insuficiente para que el tribunal pueda  aplicar el tipo de abuso sexual, puesto que no se incluye en el factum de la resolución recurrida el elemento tendencial. 
Llegados a éste punto, lo que plantea alguna duda es la exigencia del elemento tendencial. El tipo penal exige realizar actos contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Si alguien, sabiendo que no tiene el consentimiento, le toca el pecho a otra persona, qué relevancia puede tener el elemento tendencial? La libertad e indemnidad sexual de esa persona ha quedado afectada por la acción del sujeto, con independencia de que el sujeto activo haya o no satisfecho su apetito sexual. En éste sentido, el propio TS, en la  STS 494/2007 de 8 de junio, considera que el tocamiento de nalgas tienen un inequívoco carácter lascivo que excluye lo que era falta de vejaciones. Tal y como ocurre en el presente caso, habida cuenta de que el acusado la siguió, se quiso meter en el baño con ella, ella no quiso y él le rozó en el pecho de una manera no accidental.
Lo relevante pues, debería de ser que se atente contra una persona mediante un acto de significación sexual sin su consentimiento.  

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/el-tribunal-supremo-determina-que-un-tocamiento-no-consentido-es-abuso-sexual

diumenge, 25 de novembre de 2018

LA CONVIVENCIA CON UNA NUEVA PAREJA EXTINGUE EL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR TRAS UN DIVORCIO

El pleno de la sala primera del Tribunal Supremo ha resuelto en esta sentencia el efecto que produce la convivencia del progenitor custodio con una nueva pareja respecto del derecho de uso de la vivienda familiar atribuido en la sentencia de divorcio.
El pleno de la sala primera del Tribunal Supremo ha dictaminado que la convivencia estable con una nueva pareja extingue el derecho al uso de la vivienda familiar tras el divorcio, en una sentencia en la que confirma otra de la Audiencia Provincial de Valladolid y desestima el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal.

El fiscal consideraba que la decisión de la Audiencia de Valladolid es contraria a al artículo 96 del Código Civil, que establece que en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.
De este modo, el alto tribunal resuelve en esta sentencia el efecto que produce la convivencia del progenitor custodio con una nueva pareja respecto del derecho de uso de la vivienda familiar atribuido en la sentencia de divorcio.
La sentencia de la Audiencia Provincial acodó la extinción del derecho de uso en el momento en que se procediera a la liquidación de la sociedad de gananciales, por considerar que la entrada de una tercera persona en la vivienda hacía perder a esta su antigua naturaleza de vivienda familiar, al servir ahora en su uso a una familia distinta y diferente.
La sala del Supremo ratifica los argumentos y el pronunciamiento de la sentencia recurrida y desestima el recurso de casación. "La introducción de un tercero en la vivienda en manifiesta relación estable de pareja con la progenitora que se benefició del uso por habérsele asignado la custodia de los hijos, aspecto que se examina, cambia el estatus del domicilio familiar", señala.
Según explica Europa Press, el tribunal aclara que no se cuestiona la libertad de establecer nuevas relaciones sino que esta libertad se utilice en perjuicio de otros, en este caso del progenitor no custodio.
Para el Supremo, una nueva relación de pareja, tras la ruptura del matrimonio, tiene "evidente influencia" en la pensión compensatoria, en el derecho a permanecer en la casa familiar e incluso en el interés de los hijos, desde el momento en que introduce elementos de valoración distintos de los que se tuvieron en cuenta inicialmente y que, se deberán tener en cuenta, sin perder de vista ese interés de los hijos.
Ese interés de los hijos es, según explica, la suma de distintos factores relacionados con las circunstancias personales de los progenitores y las necesidades afectivas de los hijos tras la ruptura, de lo que es "corolario lógico y natural" la guarda y custodia compartida, pero también "otras circunstancias personales, familiares, materiales, sociales y culturales que deben ser objeto de valoración para evitar en lo posible un factor de riesgo para la estabilidad del niño".
Entiende el tribunal que esto se consigue no solo con el hecho de mantenerlos en el mismo ambiente que proporciona la vivienda familiar, sino también con una respuesta adecuada de sus padres a los problemas económicos que resultan de la separación o del divorcio, para hacer frente tanto a los gastos que comporta una doble ubicación de los progenitores, como a los alimentos presentes y futuros.
Y añade que la remisión al interés del menor para valorar esta nueva situación exige tener en cuenta los cambios introducidos en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que fija que éste no restrinja o limite más derechos que los que ampara y que se valoran los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados, primando el del menor en primer lugar.
En definitiva, entiende que la sentencia recurrida no vulnera el interés del menor ni contradice la jurisprudencia del Supremo porque el derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancias que concurren en el caso. "Se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar", apunta.
En el presente caso, considera que este carácter ha desaparecido, no porque la madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del matrimonio. "La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza por servir en su uso a una familia distinta y diferente, como dicta la sentencia recurrida", añade.
A juicio del Supremo, la medida no priva a los menores de su derecho a una vivienda, ni cambia la custodia, que se mantiene en favor de su madre. "Más allá de que se les proporcione una vivienda que cubra las necesidades de alojamiento en condiciones de dignidad y decoro, no es posible mantenerlos en el uso de un inmueble que no tiene el carácter de domicilio familiar, puesto que dejó de servir a los fines que determinaron la atribución del uso en el momento de la ruptura matrimonial, más allá del tiempo necesario para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre ambos progenitores", añade.
Finalmente, apunta que el interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando es posible conciliaros. "La misma decisión adoptada en su día por los progenitores para poner fin al matrimonio, la deben tener ahora para actuar en beneficio e interés de sus hijos respecto de la vivienda, una vez que se ha extinguido la medida inicial de uso, y que en el caso se ve favorecida por el carácter ganancial del inmueble y por la posibilidad real de poder seguir ocupándolo si la madre adquiere la mitad o se produce su venta y adquiere otra vivienda", concluye.
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/11/23/5bf83cef268e3e336a8b462a.html

diumenge, 18 de novembre de 2018

CALCULO DE LA INDEMNIZACION Y EL FINIQUITO

El artículo 49.2 ET, al hacer referencia a la extinción de los contratos, hace una mención sobre el finiquito diciendo que: «el empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar a los trabajadores la denuncia, o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas»
 El finiquito es un documento que expide el empresario cuando se extingue una relación laboral, ya sea por finalización del tiempo estipulado en el contrato de trabajo, baja voluntaria o bien por despido, por el cual se liquida al trabajador cuantos haberes tiene pendiente el empresario de pagarle. El importe irá en función del tiempo trabajado en la empresa, de las vacaciones y el tipo de indemnización.
El artículo 49.2 ET, al hacer referencia a la extinción de los contratos, hace una mención sobre el finiquito diciendo que: «el empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar a los trabajadores la denuncia, o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas».
En los casos de despido, se deberá entregar el finiquito al trabajador, junto con la carta de despido, por la cual se da por finalizada la relación laboral y se hace constar que el empresario ha liquidado cuantas obligaciones tenía con el trabajador.
En los casos de finalización de contrato, se deberá entregar el finiquito junto con un escrito de finalización de la relación laboral
El finiquito debe contener los siguientes apartados:
Salarios pendientes de pago.
Parte proporcional de las pagas extras pendientes de vencimiento.
Vacaciones no disfrutadas.
Horas extraordinarias.
Indemnización por despido.
Cualquier cantidad pendiente de abono.

En cuanto a su forma, debe observar su forma escrita dividiéndose en varias partes:
Donde se detalla los conceptos a abonar, la forma de pago.
Firma del trabajador.


El trabajador puede solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores en el momento de proceder a la firma del recibo de finiquito.
Ejemplo de cálculo de finiquito

Trabajadora que fue despedida el 7 de julio de 2016, que cobra un salario mensual de 1000€ con dos pagas extras de 1000€ cada una; la de Navidad que se devenga en enero, y la de verano, que se devenga en julio; no las cobra mensualmente. No ha disfrutado vacaciones, correspondiéndole 30 días al año.
Pasos:
Calcular el salario por día para liquidar los 7 días de julio:

1000 €/ 30 días –al ser salario mensual– = 33,33 € /día.  Los 7 días de julio serán 7 días x 33,33 € = 233,31 €.
Se calcula las vacaciones que no ha disfrutado:

Como no ha trabajado todo el año, hay que calcular la proporción. Para ello hay que sumar los días totales trabajados: 30 días /mes x 6 meses (desde enero a junio) = 180 días + 7 días de julio = 187 días. Para saber los que le corresponde por vacaciones se hace una regla: Si 360 días (lo que tiene el año en un salario mensual) le corresponde 30 días de vacaciones, a 187 días trabajado le corresponde: (187 x 30)/360 = 15, 58 días. Se redondea a 15 días de vacaciones. El valor de las vacaciones es el mismo que el salario: 15 días x 33,33 € = 499,95 €.
Ahora se calcula la parte proporcional de las pagas extras:

Como no la cobra mensualmente, se le debe a la trabajadora:
La paga de Navidad, que se devenga en enero. Esta paga corresponde a todo el año 2016. Por lo tanto, a la trabajadora le corresponde desde 1 de enero 2016 hasta 7 de julio de 2016 –fecha de su extinción laboral–. Para ello hay que calcularlo: hay que traducirlo en días 1000 € (paga Navidad) / 360 días (año) = 2,78 €/día. Le corresponde 187 días (desde enero al 7 de julio) x 2,78 € = 519,89 €
La paga de verano. Es la que va desde el 1 de julio de 2016 al 30 de junio 2017. Como el trabajador ha sido baja el 7 de julio de 2016, le corresponde 7 días: 7 días x 2,78 € = 19,46 €
Como no hay más conceptos pendiente de pago. El total del finiquito será: 233,31 + 499,95 + 519,89 + 19,46 = 1272,61 €


Aunque con anterioridad se ha indicado que la indemnización puede formar parte del total del finiquito, no siempre es así ya que depende de si el trabajador tiene o no derecho a ella. Es importante reconocer sus diferencias: no es lo mismo finiquito que indemnización. Para calcular la indemnización siempre hay que tener presente estos conceptos:
Salario bruto anual o mensual.
Pagas extras.
Tipo de contrato.
Tipo de despido
La antigüedad en la empresa.

El importante de la indemnización irá en función del tipo de despido o del número de días en los contratos temporales.
Ejemplo de indemnización por despido improcedente
Si se utiliza los datos salariales del ejemplo anterior y se añade que la trabajadora empezó a trabajar el 01/01/2015, finalizando su relación laboral 07/07/2016.

Si es el caso de un despido improcedente, la indemnización sería de 33 días por año desde el 12 de febrero de 2012 hasta la fecha del despido, con un máximo de 24 mensualidades.

Pasos:
Si se utiliza los datos salariales del ejemplo anterior y se añade que la trabajadora empezó a trabajar el 01/01/2015, finalizando su relación laboral 07/07/2016.

Si es el caso de un despido improcedente, la indemnización sería de 33 días por año desde el 12 de febrero de 2012 hasta la fecha del despido, con un máximo de 24 mensualidades.

Pasos:
Se calcula los días totales, su antigüedad: Dese 01/01/2015 al 07/07/2016 = 19 meses[1] (554 días, se calcula todos los días del año)
Se calcula el salario anual. El salario bruto más las pagas: 1000 € salario x 12 meses = 12000 € + (1000 € x 2 paga extras = 2000 €) = 14000 € anual.
Calcular el salario total por día. 14000 € / 366[2] = 38,25 € /días de salario

[1] El cálculo se debe hacer en meses.  Se cuenta el mes en su totalidad. Ej.: Inicio 12/01/15 hasta 20/10/2025. Enero y octubre son meses enteros.
[2] Por ser el año 2016 bisiesto.
Calcular los días indemnización de 33 días por año de servicio. Una regla de tres: si a 12 meses (un año) le corresponde 33 días de indemnización, a 19 meses (trabajados) le corresponde: (19 x 33)/12 = 52,25 día de indemnización.
Cálculo del importe de la indemnización: 52,25 días x 38, 25 € salario al día = 1998, 56 €

Para el cálculo de la indemnización por despido, es necesario tener presente la fecha de la reforma laboral, es decir, 12 de febrero de 2012. Los contratos anteriores a esta fecha darán derecho a una indemnización por despido de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades. Desde el 12 de febrero en adelante, la indemnización será de 33 días por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades.
En este sentido, es importante la Sentencia del 18 de febrero de 2016, del Tribunal Supremo por el cual cambio el sentido de la interpretación de la Disposición Transitoria 5.ª del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Reforma del Mercado de Trabajo, que se expresa así: «La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará a razón de cuarenta y cinco días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de treinta y tres días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los periodos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a setecientos veinte días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará este como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a cuarenta y dos mensualidades, en ningún caso».
La propia sentencia expone un caso de puede servir de ejemplo. Se trata de un trabajador que inició su actividad laboral el 4 de enero de 1993, siendo despedido el 24 de marzo de 2013. La sentencia lo expone así: «Para el tiempo anterior a 12 de febrero de 2012 opera una indemnización de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. Eso significa que debemos contabilizar diecinueve años y dos meses de actividad; el prorrateo por meses desemboca en el devengo de 3,75 días indemnizatorios por cada mensualidad de servicios prestados (45:12 = 3,75).
Puesto que 19 años (19 x 12 = 228) y dos meses equivalen a doscientas treinta mensualidades (228 + 2 = 230), el total de días indemnizatorios (230 x 3,75 = 862,5) supera los 720 días indemnizatorios.
D) Ello significa que opera la excepción: la indemnización será de 862,5 días de salario. Prescribe la norma que ” se aplicará este como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso”. Es evidente que esa cuantía máxima (42 x 30 = 1260 días) está muy alejada de la devengada por el trabajador (862,5 días). La transformación de esos días indemnizatorios (862,5) en cantidad monetaria (862,5 x 109,24 = 94.219) arroja una cifra distinta a la reconocida en el fallo inicial de la sentencia (74.386,87 €) y en el Auto aclaratorio (79.471,94 €) pero también a la interesada por el recurso casacional (89.134,27). Comprobación práctica e inmejorable de las dificultades interpretativas que la norma en cuestión suscita.
E) De acuerdo con lo razonado en el apartado anterior, aunque no se hubiera alcanzado el máximo indemnizatorio absoluto de las 42 mensualidades, el tiempo de servicios posterior a 12 de febrero de 2012 es inhábil para acrecentar la cuantía fijada. Dicho de otro modo: al entrar en vigor la reforma legislativa de 2012 −Real Decreto-Ley 3/2012, respetado por Ley 3/2012− el trabajador ha prestado servicios por tiempo superior a 19 años y eso provoca que el ulterior trabajo resulte inocuo desde la perspectiva de la Disposición Transitoria Quinta aplicable al caso».

En definitiva, el límite está en los 720 días si antes de la fecha de la reforma no se ha superado.
resumen de indemnizaciones
Causa Indemnización Límite
Finalización de contrato temporal por obra o servicio y por circunstancias de la producción A partir del 01/01/2015
12 días por año de servicios

Extinción del contrato por traslado 20 días por año de servicio 12 mensualidades
Extinción del contrato por modificación sustancial 20 días por año de servicio 12 mensualidades
Extinción del contrato por modificación sustancial por inaplicación del artículo 41 del ET 33 días por año de servicios 24 mensualidades
Por voluntad del trabajador por incumplimiento grave del empresario 33 días por año de servicio 24 mensualidades
Por causas objetivas del artículo 52 y fuerza mayor 20 días por año de servicios 12 mensualidades
Por causas objetivas o despido disciplinario improcedente 33 días por año de servicio 24 mensualidades
Extinción de la personalidad jurídica del empresario 20 días por año de servicio 12 mensualidades.


http://informativojuridico.com/calculo-la-liquidacion-finiquito/

dijous, 1 de novembre de 2018

¿CÓMO RECLAMAR EL IMPUESTO DE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS?

El Tribunal Supremo ha modificado su criterio a la hora de determinar quién debe pagar el Impuesto de actos jurídicos documentados en las escrituras de préstamo hipotecario.
Hasta ahora, el alto tribunal sólo reconocía la devolución de los gastos de notaría, registro de la propiedad, tasación y gestoría, derivados de la formalización de la hipoteca, pero este cambio de criterio determina que es el banco quien debe asumir este gasto, ya que es el principal interesado en que la hipoteca se eleve a escritura pública, pues así, en caso de impago del prestatario, podrá ejecutar su garantía.
A partir de ahora se podrán reclamar, por tanto, la totalidad de gastos de formalización de la hipoteca que vienen impuestos por el banco en la escritura de préstamo, es decir:
- Notaría: Coste de la elevación a escritura pública de la escritura
- Registro de la Propiedad: Coste de la anotación en el Registro
- Gestoría: Honorarios de la gestoría que tramitaba la formalización, la cual normalmente venía impuesta por el banco
- Tasación de la vivienda: gestión imprescindible para que el banco concediese la hipoteca
- Impuesto de actos jurídicos documentados (AJD)
¿Cómo puede reclamarse?
Para iniciar el proceso para reclamar las cantidades, desde Legálitas recomiendan llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Reunir la documentación necesaria. Localizar la escritura de préstamo hipotecario cuyos gastos se pretendan reclamar, junto con las facturas de notaría, registro de la propiedad, tasación del inmueble, gestoría e impuesto de actos jurídicos documentados.
2. Redactar documento de reclamación dirigido a la entidad bancaria solicitando los importes abonados. Es importante realizar un requerimiento fehaciente a la entidad correcta, ya que debido a las absorciones entre bancos pueden desatender la reclamación, al igual que, en caso de haber cambiado de banco la hipoteca debería cursarse solicitud a ambas entidades.
3. Estudiar con detalle la respuesta del banco en base a sus razonamientos jurídicos. Puede darse el caso de que los bancos intenten negociar con los clientes y hacer propuestas que no le beneficien, obligándole a renunciar a sus derechos e impidiéndole reclamar judicialmente en un futuro esta y otras cláusulas.
4. Controlar los tiempos de resolución de la reclamación. El Banco debería resolver la reclamación en un plazo de 2 meses desde que se realizó la misma. Es probable que la entidad trate de "desesperar o desanimar" al cliente alargando el plazo de resolución solicitando documentación adicional u obligándole a rehacer la reclamación usando un formulario específico. Es importante que el consumidor conozca sus derechos y sepa hacer frente a estas situaciones.
5. En caso de que el banco desatienda la solicitud, se presentará demanda en los juzgados especializados.
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/10/18/5bc8cbb0268e3ed4128b463f.html